Un derecho universal.
Un derecho inalienable
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Sinopsis
Todo grupo social que, con entidad administrativa internacional suficiente, estando en desacuerdo con la gestión de su Estado, desee constituir un Estado independiente y mejor, debería disponer de un mecanismo jurídico que le permita ejercer el derecho de secesión. No es lógico que para que un grupo social pueda ejercer el derecho de secesión o adhesión tengamos que reformar la Carta Magna. Un sistema jurídico plenamente democrático debe equilibrar dos principios informadores esenciales que sostienen toda democracia: el imperio de la Ley vs la Voluntad popular; la libertad vs Orden.
El Gobierno Central de cualquier Estado con problemas identitarios (Reino Unido, España, Francia, Alemania, Canadá, etc.) apela constantemente al principio del Imperio de la Ley, mientras que el Gobierno periférico suele ensalzar la importancia de la voluntad popular (Escocia, Cataluña, Córcega, Baviera, Quebec, etc.). En 2017 el Tribunal Constitucional alemán dictaminó que Baviera no tiene derecho a celebrar un referéndum de independencia porque violaría la Carta Magna. Según el Alto Tribunal los Länder «no son los dueños de la Constitución». No existe en el mundo ningún país que, detallada y racionalmente, regule este derecho.